Héctor Ortegón, asesor del despacho de la Alcaldía de Tunja, presentó los resultados del informe de empalme con la administración saliente, en el que señaló una serie de irregularidades, falta de información detallada en las dependencias municipales y el hallazgo de obligaciones vencidas en la Secretaría de Movilidad que superan los 788 millones de pesos.
Según lo expuesto por el funcionario, desde el inicio del proceso de transición se identificaron falencias y resistencia por parte de dependencias salientes para la entrega de datos indispensables para el arranque de la gestión. La situación obstaculizó el cumplimiento oportuno de la Ley 951 de 2005, normativa que exige a los servidores públicos salientes y entrantes rendir informes finales e iniciales sobre talento humano, contratos, inventarios, equipos y proyectos en un plazo máximo de 15 días tras asumir o dejar el cargo.
El proceso de empalme enfrentó complejidades adicionales debido a la coexistencia de personal nombrado durante el último mes por la alcaldesa encargada y funcionarios vinculados desde el periodo saliente. De acuerdo con Ortegón, la respuesta recurrente entre las sectoriales entrantes fue la ausencia de archivos y reportes pormenorizados con el argumento de no haberlos recibido formalmente. Frente a este panorama, la administración entrante aplicó lo estipulado en la ley para elaborar informes de gestión iniciales propios como hoja de ruta institucional.
Hallazgos en la Secretaría de Movilidad
En el balance por dependencias, la Secretaría de Movilidad reportó una cartera pendiente acumulada entre los años 1999 y 2023 por un monto de $783.507.500, calificada de difícil recaudo y cobro a causa del fenómeno de prescripción.
Asimismo, la revisión en la misma entidad evidenció cartera en resolución sancionatoria correspondiente a los años 2024, 2025 y 2026 por un valor de $5.409.599, datos que forman parte del consolidado inicial presentado a la ciudadanía.
Cartera y riesgo financiero
En el desglose específico de la Secretaría de Movilidad, el informe detalló un panorama financiero crítico. La entidad registra una cartera acumulada entre 1999 y 2023 por $783.507.500 en estado de difícil recaudo debido a la prescripción del cobro. A esto se suma una cartera en resolución sancionatoria de los años 2024, 2025 y 2026 que asciende a $5.409.599.
Asimismo, Ortegón alertó sobre un elevado riesgo financiero derivado de pagos pendientes por más de $660 millones correspondientes a contratos que, a pesar de estar ejecutados al 100%, no fueron cancelados.
Investigaciones por chatarrización y pérdida de motocicletas
Uno de los puntos más críticos de la dependencia está en el proceso de chatarrización e inmovilización de vehículos, tema que se encuentra en conocimiento de la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación. Este último órgano de control adelantó una visita técnica a la ciudad hace menos de dos semanas.
De acuerdo con el informe, la administración anterior no entregó inventarios formales de los automóviles y motocicletas inmovilizados. Las investigaciones en curso indagan la pérdida de aproximadamente 60 motocicletas del parqueadero oficial, así como el deterioro y estado de abandono en que se encuentra una gran cantidad de vehículos bajo custodia municipal.
Suspensión de sistemas de fotodetección y equipos inoperativos
Respecto a la infraestructura tecnológica y sancionatoria, la administración reportó que la implementación de los sistemas automáticos de fiscalización de infracciones de tránsito —denominados “cámaras salvavidas”— se encuentra suspendida. La medida responde a la evaluación de posibles irregularidades en el contrato suscrito con el consorcio operador y al previo cumplimiento de compromisos pendientes entre ambas partes.
En cuanto a las fotocámaras, estas no se han podido poner en servicio debido a la falta de estudios sobre capacidad de almacenamiento informático y a la ausencia de capacitación previa para los agentes de tránsito.
El estado de los equipos de control de embriaguez también presenta falencias. De los cinco alcohómetros recibidos, dos están completamente dañados y tres fueron entregados sin la calibración requerida por normativa para ser operados legalmente. El informe precisó que la administración saliente no adelantó el proceso de contratación para dicha calibración, por lo que la gestión actual avanza en las medidas para habilitarlos. En esa misma línea, se identificaron 58 procesos administrativos por alcoholemia en trámite que no registraron avances en la gestión anterior y enfrentan un riesgo inminente de prescripción.
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