La Contraloría de Tunja abrió proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento patrimonial de $110 millones de pesos, por el contrato para realizar el Aguinaldo Boyacense del año 2022.
El proceso involucra al entonces secretario de Hacienda Jeffer Iván Ochoa, a la exsecretaria de contratación Sandra milena Pimental, exsecretario de Gobierno José Fernando Morales, exsecretario del Interior William Bayardo Herrera, exasesora de Comunicaciones Karen Dayana Esputiñan, exsecretaria de Cultura Dalma Consuelo Amézquita, Wilson Leonardo Velásquez, exsecretario de Desarrollo de Tunja y representantes de Alive Productions.
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La empresa Alive Productions fue la encargada de la organización y logística del Aguinaldo 2022. En el contrato con dicha empresa se encontraron deficiencias de planeación y seguimiento. En el documento se estableció el presupuesto general del Aguinaldo, pero un ítem llamado generalidades, se gastaron más de $200 millones de pesos, recursos que no fueron detallados y no se informó en que se usaron.
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