El tren se detuvo

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Alrededor de 700 personas quedaron desempleadas en Boyacá. Llamados desatendidos por parte de autoridades regionales ante la masacre laboral presentada en el corredor férreo Bogotá – Belencito. Lo anterior, contradictorio frente a las metas del Gobierno Nacional para potenciar este medio de transporte. Con las pocas alternativas para la movilización de carga en el departamento, ¿qué podemos esperar?

El consorcio Ibines Férreo tenía el contrato de concesión de la línea entre Bogotá y Belencito. Estaba a cargo de la administración de 257 kilómetros desde que se reactivó en 2018, luego de millonarias inversiones. A finales del 2020, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) comenzó un nuevo proceso de licitación para adjudicarlo al mismo o a otro operador por un valor de unos 60 mil millones de pesos por el tramo. Según el cronograma, se esperaba firmar el contrato el 17 de mayo, pero el proceso se canceló en marzo cuando ni siquiera se habían recibido las ofertas de los proponentes. No se sabe por qué la ANI desistió.

Poco a poco, los trabajadores contratados por Ibines fueron notificados de la terminación de sus contratos. A pesar de sus denuncias y llamados mediante redes sociales y medios de comunicación, vieron pasar el 13 de abril el último viaje de tren. Las autoridades departamentales han guardado silencio, demostrando su desidia con las familias afectadas. Entre tanto, la ANI sostuvo en un comunicado que “el contrato de concesión entra en etapa de reversión, en la que se garantizará el servicio hasta diciembre de 2021. Se estima que la operación quede en manos de un nuevo contratista en enero de 2022”. De allí surgen las preguntas: ¿Con qué personal garantizará el servicio cuando los puestos a lo largo de la vía férrea quedaron vacíos? ¿Reintegrará a las 700 personas despedidas?

Lo cierto es que la operación tendrá grandes afectaciones y llevaría al traste los resultados obtenidos. Hace poco la ANI se ufanaba de las 50 mil toneladas transportadas en este corredor durante 2020. Los trenes movilizaron, mayormente, cemento junto con los productos de acero (palanquilla y alambrón). Así, está actuando en contra de lo propuesto en el Plan Maestro Ferroviario, estrategia del gobierno de Iván Duque para “la reactivación y consolidación de la operación ferroviaria en el país”. Por ejemplo, una de las metas es pasar de los 420 a los 1077 kilómetros con operación comercial. No obstante, quedan 257 km inactivos por unas semanas.

De otro lado, hace falta ejecución para ofrecer alternativas de movilización de carga en Boyacá. A lo largo de los años, ha sido reiterativo el inconformismo de los transportadores frente a los valores de los peajes de Tuta, Albarracín y El Roble. Con la anunciada reforma tributaria habría nuevos costos para este sector, desde el impuesto nacional a los vehículos, sobretasa a la gasolina y ACPM y la inclusión de peajes en las ciudades capitales. En paralelo, el sector aéreo está inactivo. El aeropuerto de Paipa se encuentra en obras de modernización, las cuales serían entregadas en enero de 2022 para transporte de pasajeros. Sogamoso sueña con el “Aeropuerto Internacional Bicentenario” para descongestionar la carga de El Dorado en Bogotá. Mientras Tunja analiza la reactivación de su terminal aéreo.

Por lo pronto, 700 personas están esperando acciones concretas que les devuelvan su empleo. La ANI debe ser consciente de la afectación generada. Esperemos que los rieles y trenes no terminen oxidados.

*Al cierre de esta columna, Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la ANI, habló con el medio Boyacá Siete Días. Sostuvo que estarán contratando a un administrador de la línea férrea en los próximos días. En cuanto a la suspensión del servicio mencionó: “Estimamos que eso va a ser cuestión de más o menos dos semanas, mientras entra el nuevo administrador y toma el corredor, después de eso va a continuar operando”. Además, Gutiérrez enfatizó en que los trabajadores fueron contratados por Ibines y su nueva contratación depende del administrador entrante. “Nosotros vamos a adelantar nuestros mejores oficios para que el nuevo contratista los contrate, pero por supuesto yo no puedo garantizar esto. Usted entenderá que se cambia de contratista y el contratista tiene libertad de escogencia del personal que va a tener”, señaló.

En consecuencia, las 700 personas reciben una respuesta que aún las deja a la deriva, dependientes de un administrador por conocer.

Por: Sebastián García C. Estudiante de Comunicación Social.

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