09/30/2020

Facetas de Boyacá

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En tiempo de covid-19, ¿qué se puede esperar de un sistema carcelario colapsado?

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El COVID-19 fue el detonante de una crisis carcelaria que lleva años y que pedía a gritos ser revisada y atendida de manera urgente. Así lo consideran los integrantes del Grupo de Estudio en Asuntos Penitenciarios del Instituto Rosarista de Acción Social -SERES- de la Universidad del Rosario, ante los amotinamientos que se presentaron en diferentes centros penitenciarios del país.

La población privada de la libertad en los centros penitenciarios del país tiene una serie de restricciones que hacen parte de su tratamiento penitenciario. Pero si a eso se le suman las restricciones adicionales para contener la expansión de la pandemia, se genera una serie de reacciones marcadas por los altos niveles de estrés, ansiedad y depresión, explicó Indira Velásquez, profesional del Grupo de Estudio en Asuntos Penitenciarios del Instituto Rosarista de Acción Social –SERES- de la Universidad del Rosario.

“Estas respuestas emocionales no alcanzan a ser atendidas por el personal de guardia y custodia, que no parece comprender los efectos que tienen en la cotidianidad de los internos las restricciones a las visitas de familiares”, dijo la investigadora.

“Frente a todo el asunto del coronavirus, no hubo canales de comunicación que les permitiera a los internos aclarar dudas, ni una sensibilización para enfrentar lo que está pasando afuera y mucho menos suficientes suministros de tapabocas y antibacterial para atender la situación y tener algo de tranquilidad”, afirmó Indira Velásquez.

Emergencia carcelaria, oportunidad para acelerar procesos jurídicos

La emergencia carcelaria que declaró el Gobierno como medida para enfrentar la crisis y descongestionar las cárceles, permitirá, entre otras cosas, la excarcelación y regímenes temporales para mayores de 60 años y penas hasta los 8 años, además, de revisar los casos de las personas sindicadas.

Para el Grupo de Estudio en Asuntos Penitenciarios del Instituto Rosarista de Acción Social -SERES- de la Universidad del Rosario, estas medidas, aunque llegan en un momento tardío, se convierten en una oportunidad para acelerar la revisión de los procesos jurídicos de manera particular.

“La alternativa de enviar a prisión domiciliaria a al menos 15.000 internos debe ser considerada, teniendo en cuenta las condiciones particulares, los delitos y, sobre todo, las redes de apoyo que brinden ciertas garantías dentro de los términos de la condena. Se debe enfatizar en la población excepcional, como lo son las personas en condición de discapacidad, mujeres gestantes y con niños, adultos mayores y enfermedades crónicas como VIH, cáncer, diabetes, esclerosis, artritis, entre otras”, explicó Indira Velásquez.

Situación de los centros penitenciarios es compleja

La experiencia de diez años de trabajo del Instituto Rosarista de Acción Social SERES de la Universidad del Rosario, al interior de los centros penitenciarios en custodia del INPEC, le ha permitido conocer de cerca la situación carcelaria del país y poder entender desde otras miradas lo que se sumó a la compleja situación.

Desde el año 2009, cuando se conformó el Grupo de Estudios en Asuntos Penitenciarios, se han realizado seis proyectos académicos con una visión interdisciplinaria; se han visitado diferentes centros penitenciarios, entrevistado a directivas, personal de guardia y custodia, líderes de patios y diferentes grupos de la población privada de la libertad. Los resultados son poco alentadores ante el intento por ejecutar un tratamiento penitenciario a la resocialización para la vida en libertad, dijo Indira Velásquez.

Realmente la situación es difícil, sobre todo cuando el hacinamiento carcelario supera el 53% en todo el país. El servicio de salud es insuficiente para atender las necesidades particulares de la población privada de la libertad y cada vez es más complicado acceder a medicamentos y artículos de higiene personal. Además, las baterías sanitarias en su mayoría están deterioradas y los alimentos son preparados en condiciones antihigiénicas, advierte el Grupo de Estudio en Asuntos Penitenciarios del Instituto Rosarista de Acción Social -SERES- de la Universidad del Rosario.

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