Fiscalía y Policía esclarecen atentado en el parqueadero de la Policía Metropolitana de Tunja

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Con la captura de dos presuntos integrantes del Frente José David Suárez del ELN se logró la judicialización de todos los presuntos implicados en el atentado terrorista perpetrado en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Tunja, que dejó un patrullero muerto.

Se trata de un hombre y una mujer que al parecer habrían tenido una activa participación es estos hechos.

En el primer operativo realizado este domingo, 9 de febrero, en zona urbana de Saravena (Arauca), fue capturado Jaime Alexánder Cuadros Amado, alias el Gordo o Cachama, quien supuestamente es uno de los sicarios del citado frente guerrillero.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado sería quien posiblemente asesinó al patrullero Jefferson Ricardo Román Bolívar, la noche del 22 de octubre de 2018, cuando estaba de custodio del parqueadero.

También se presume que fue uno de los encargados de realizar labores de inteligencia meses antes del atentado, así como de colocar las cargas explosivas en compañía de otras personas.

Horas más tarde, en otro operativo efectuado en el municipio de Hato Corozal (Casanare), se logró la captura de Yeynyt Sobeida Parra Gamba, alias Sobeida, presunta integrante de las RAT (Redes de Apoyo al Terrorismo) del Frente José David Suárez.

Alias Sobeida habría realizado labores de inteligencia en la ciudad de Tunja, junto a William Yesid Ramírez Castro, alias Macho, ya judicializado.

Igualmente se estableció que la mujer, días antes del atentado, se desplazó a la ciudad de Duitama (Boyacá), donde se reunió con todos los autores materiales —también judicializados—, para coordinar la ejecución del plan terrorista.

También se determinó que la capturada se reunía de manera permanente con el cabecilla militar del frente guerrillero.

A los dos capturados se les imputó cargos por homicidio agravadoterrorismo agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; fabricación, tráfico porte de armas municiones de uso privativo de las fuerzas armadas; y daño en bien ajeno.

La audiencia para definir la medida de aseguramiento quedó programada para el próximo jueves 13 de febrero.

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