La Fiscalía General de la Nación judicializó a Rafael Guillermo Acevedo Pedrosa, exsecretario de infraestructura de Tunja, por presuntas irregularidades en un contrato verbal con el propietario de una reserva en Motavita (Boyacá), para el suministro de recebo para obras públicas de la ciudad entre 2016 y 2017.
Un fiscal de la seccional Boyacá le formuló imputación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El cargo no fue aceptado por el procesado.
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De acuerdo con la investigación, se evidenció que el contrato nunca fue formalizado por escrito, además que no se habría adelantado un proceso de selección, estudios previos ni apropiación presupuestal.
El suministro de recebo se realizó entre abril de 2016 y marzo de 2017, y fue transportado en volquetas, la mayoría pertenecientes al parque automotor de la Alcaldía de Tunja. El valor del material de construcción entregado fue de 47.300.000 pesos.
La Fiscalía conoció que cuando el proveedor presentó la cuenta de cobro, le fue rechazada por la administración municipal, puesto que no existía un contrato legalmente suscrito. Sin embargo, en 2024, las dos partes firmaron un acuerdo de indemnización por un valor de 70.000.000 de pesos.
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