La errada “justicia” por mano propia

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Qué sorpresa y desazón producen los comentarios de personas justificando la muerte de una mujer trans en Tunja. Solo saldremos de estos escenarios si comprendemos la noción de justicia y derechos.

El homicidio de la mujer trans ocurrió en la madrugada del lunes 28 de junio. Solo se han difundido las versiones de los taxistas, quienes la acusaron de, supuestamente, intentar robar a uno de ellos y producirle heridas con arma blanca a otro. Por lo cual, al lugar llegaron más conductores de servicio público y, como se evidencia en un video, la golpearon en presencia de dos uniformados de la Policía. Adriana Díaz falleció luego de ser traslada a la E.S.E Santiago de Tunja y al Hospital San Rafael, en el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.

La investigación de la Fiscalía debe esclarecer los hechos. Aun así, no se pueden justificar y alentar actos de linchamiento para que presuntos ladrones tomen “escarmiento”. Son los jueces los encargados de, como su nombre lo indica, juzgar la conducta de los ciudadanos. Para eso están las autoridades. Justicia, desde el concepto básico contemplado por la Real Academia Española (RAE), es “aquello que debe hacerse según el derecho o la razón”. En ese sentido, no se puede denominar “justicia” por mano propia a situaciones producto de la pasión, sevicia y violencia.

La muerte de Adriana tampoco puede entenderse con expresiones de “se lo buscó” o le pasó por “legítima defensa”. ¿En qué contexto se producen las supuestas agresiones de ella con arma blanca hacia los taxistas? La legítima defensa “requiere la existencia de una agresión real que la persona no haya creado, y una reacción inmediata y proporcional”, definición del penalista Francisco Bernate. ¿El linchamiento es proporcional a lo que, al parecer, ella causó?

Colombia es el cuarto país del mundo con más asesinatos de personas trans, entre octubre de 2019 y septiembre de 2020, de acuerdo con cifras de un especial reciente de El Tiempo. La población LGBTI tiene derechos, pero en nuestra sociedad solo nos hemos encargado de vulnerarlos. Ya lo han dicho sentencias de la Corte Constitucional sobre la marginación histórica a la que se ven sometidos en cualquier escenario, comenzando por el Estado. En consecuencia, desde la Corte se ha exhortado al Congreso para promulgar una Ley de Identidad de Género que proteja los derechos fundamentales de las mujeres y hombres transexuales. Pero el Congreso no lo ha hecho.

De otro lado, las instituciones necesitan recobrar la confianza de las personas. Hay una nube de incredulidad sobre la efectividad de policías, jueces y fiscales, como lo declaraba la penalista Claudia Orduz a un medio luego de estudios de la Universidad Central. “Se juntan la congestión judicial, la demora, la tramitología y la intolerancia, que es terrible; no hay nada que hacer, lo que falta es educación”, señalaba.

Educación para entender que esta ciudad y país merecen autoridades competentes, procesos judiciales oportunos, protección de los grupos marginados y ciudadanos conscientes de que nadie por considerarlo “justo” puede quitarle la vida a otro.

Por: Sebastián García C. Estudiante de Comunicación Social.

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