Una pequeña reflexión

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Es de recordar, que en Colombia, las movilizaciones sociales han sido, por lo general, la única forma a través de la cual el pueblo ha conseguido reivindicar sus derechos o, al menos, han logrado que sus puntos de vista pasen a formar parte del debate público.

Y es que en los últimos lustros, y como consecuencia de la crisis del modelo de estado social que padece el país por la imposición de un creciente autoritarismo económico montado sobre la globalización, se producen protestas o reclamos públicos de derechos, que suman diferentes formas generadoras de situaciones conflictivas de dispar intensidad. En nuestro medio siempre han llamado especialmente la atención los reclamos mediante cortes de movilización en las principales vías y carreteras intermunicipales y las manifestaciones y reuniones públicas que obstaculizan el tránsito vehicular.

Por lo que cobran total importancia aquellos que desbordan todo límite de cordura y razonabilidad, como son los sucesos que hoy en día están viviendo ciudades capitales como Bogotá D.C. y Cali, donde en las calles no solo se están zaqueando pequeños supermercados, dañando el mobiliario y ornato público, sino que también, se está humillando y agrediendo –hasta el punto de atentar contra su vida- a policías y militares.

Y en donde, en contraste, a los hechos de violencia que han estado presentes recientemente en las marchas por inconformismo al gobierno de turno, resulta pertinente cuestionar algunas actuaciones –casos especificos- de la función de la Policía Nacional, que deja de ser garante de la seguridad ciudadana y, por el contrario, ha auspiciado y provocado enfrentamientos, agresiones, retenciones ilegales e, incluso, desaparición forzosa de los protestantes.

Por lo que es, en estos casos, que debemos distinguir con total claridad el derecho de protesta reconocido a todos los ciudadanos por la Constitución Política y diversos instrumentos internacionales de aquel ejercicio abusivo emprendido mediante vías de hecho que nos remonta al debate contractualista entre Hobbes y Locke, donde para derrotar al opresor o derrocar un gobierno, se acude a la violencia exacerbada para legitimar su actuar.

Es imperioso, en este punto indicar, que la protesta social, común y corriente, no pretende derrocar a ningún gobierno. Ni siquiera en algunos casos muy excepcionales se ha pretendido desconocer el Estado de derecho y reintroducir en la sociedad el concepto de bellum omnium contra omnes. La protesta social va encaminada a desobedecer al Estado y perseguir soluciones a los conflictos mediante la intervención de las propias autoridades, es la forma de llamar la atención pública y de las autoridades sobre el conflicto o las necesidades cuya satisfacción se reclaman.

Esta denominada desobediencia civil responde a una táctica de no violencia fuertemente disciplinada, entre cuyos principios es elemental no sólo no usar la violencia, sino extremar el cuidado para que nada pueda interpretarse maliciosamente o proyectarse públicamente como uso de la violencia, marginando rápida y cuidadosamente a cualquier exaltado, provocador o infiltrado.

Aclarado lo anterior, no dudamos de la existencia de un derecho a la protesta y en tal sentido siempre vamos a coincidir que “la justicia social se logra con la lucha social”, sin embargo, repudiamos los hechos singulares que han causado honda conmoción pública, como lo ha sido la muerte así como poner en peligro numerosas vidas y la libertad de comercio y empresa de algunos microempresarios duramente afectados por las medidas restrictivas adoptadas por los gobiernos locales a causa de la pandemia generada por el Covid-19.

Por: Andrés Peralta – Abogado

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